A PUNTO DE SU DESTITUCIÓN: Los días contados para consejeros del IEQROO

CHETUMAL.- A punto de ser destituidos los consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo, por excederse en sus funciones, violentando la Ley Electoral y lo más grave, por no acatar la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en lo concerniente a violencia política de género en sus resoluciones de registro de candidaturas para los Ayuntamientos de Othón P. Blanco y Benito Juárez.

En la sesión del día de ayer miércoles 2 de junio, las Magistradas y los Magistrados de la Sala Superior del TSPJF aprobaron por unanimidad que ni el Instituto Nacional Electoral ni los órganos electorales locales, tienen las atribuciones legales para retirar candidaturas.

Lo anterior, al ser autoridades administrativas y no jurisdiccionales.

Las y los Magistrados de la Sala Superior sentaron un precedente para modificar disposiciones contrarias a la legislación electoral por parte de los Consejeros del IEQROO, no pueden cancelar registros ni la elegibilidad de candiudatos ni el modo honesto de vivir.

Con su dictamen, el  TEPJF ordenó la restitución de dos candidaturas a diputados federales en Sinaloa y otra a la presidencia municipal de Kanasín, en Yucatán.

Al realizar el estudio de fondo las y los Magistrados de la Sala Superior resaltaron que el INE requería que una autoridad jurisdiccional hubiera declarado previamente no sólo la existencia, sino la comisión de violencia política de género, sino que en la misma sentencia se hubiera establecido que dicha conducta ameritaba la perdida de la presunción de un modo honesto de vivir.

En el caso del candidato a la presidencia municipal de Kanasín, William Pérez Cabrera la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que le fuera devuelta la candidatura a reelección para el Ayuntamiento que él ya ha presidido.

Los magistrados determinaron que no son suficientes para tener por acreditada la pérdida del “modo honesto de vivir” del candidato, por lo tanto avalaron la decisión de que él retome la candidatura.

De igual manera debe suceder con Luis Gamero, a quien el IEQROO le retiró la candidatura por caso similar, así como a Isaac Janix Alanis, candidato del Partido Fuerza por México a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Otro caso

Existe el antecedente de que los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas incumplieron con el principio de paridad de género en el registro de candidaturas durante el proceso electoral 2014-2015.

En mayo de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del INE mediante la cual aprobó la destitución de tres consejeros electorales de Chiapas y solicitó la remoción de los cuatro restantes por incumplir con el principio de paridad de género en el registro de candidaturas durante el proceso electoral 2014-2015.

El pleno del TEPJF coincidió en que los consejeros que integran el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) incurrieron en conductas graves que trastocaron de forma especial el orden jurídico.

Los magistrados consideraron “que todos los consejeros electorales denunciados son responsables (…) porque aprobaron las listas de candidaturas presentadas por los partidos políticos, aun cuando las solicitudes de registro incumplían con el referido principio (de paridad de género) en su doble vertiente, vertical y horizontal”.

En su opinión, los consejeros electorales inobservaron el Artículo 41 de la Constitución Federal, así como de disposiciones legales y criterios jurisprudenciales, “de ahí que se estime que la conducta es grave”.

En esa fecha y al argumentar su voto a favor del proyecto elaborado bajo la ponencia del entonces magistrado presidente, Constancio Carrasco Daza, su homólogo Pedro Esteban Penagos dijo que los siete consejeros electorales incurrieron en una falta grave al no cumplir con la paridad de género en el registro de candidaturas durante el proceso local de junio del año 2015.

Recordó que “estas jurisprudencias son obligatorias desde el 8 de mayo de 2015. El descuido se advierte plenamente porque (…) ellos emiten acuerdo el 9 de junio del mismo año”.

La mano que mece la cuna

Es un secreto a voces que es Carlos Alejandro Lima Carvajal quien elabora los dictámenes que aprueban si chistar ni cambiar ni siquiera una coma tanto la totalidad de los consejeros electorales del IEQROO, como los dos Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca y Víctor Vivas Vivas (sobrino del ex gobernador Félix González).

Carlos Alejandro Lima Carvajal ha estado envuelto en la polémica durante los diferentes cargos públicos que ha desempeñado.

La propuesta del gobernador Roberto Borge Angulo para la terna de nuevos magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los que se incluyó a Carlos Alejandro Lima Carvajal, no sorprendió a muchos, pues el que fuera director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la entidad, también era el abogado personal del jefe del Ejecutivo.

Lima Carvajal fue nombrado magistrado numerario en un hotel de lujo que se usó como sede alterna al recinto del Congreso local, en junio de 2016, cuando los integrantes de las XIV Legislatura votaron fast track reformas que se conocieron después como el “paquete de impunidad”. La asociación civil Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, se amparó contra el nombramiento de Lima Carvajal, por considerar que se realizó sin apego al orden legal y constitucional, pues no cumplió con lo que establece el artículo 101 de la Constitución de Quintana Roo.

El artículo en cuestión establece que para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, se debe gozar de buena reputación, y a juicio de la asociación civil, Lima Carvajal no tenía buena reputación debido a una denuncia penal consignada en el expediente AP/123/09/2015, por “abuso de autoridad; contra el buen despacho de la administración; negligencia en el desempeño de su función o cargo y/o los que resulten”.

En diciembre de 2016, Roger Octavio Menéndez Hernández, Notario Público Número 57 de Quintana Roo, adscrito a Kantunilkin –cabecera de Lázaro Cárdenas-, denunció irregularidades en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), durante el periodo del funcionario borgista y hoy Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (Tsjqroo), Carlos Lima Carvajal, a quien demandó por abuso de autoridad, contra el buen despacho de la administración y negligencia del desempeño de función o cargo, en el caso de despojo de 12 parcelas en Holbox.

Otra joya

El caso de las cajas de seguridad de la empresa Firts National Segurity se encuentra involucrado Carlos Alejandro Lima Carvajal magistrado Numerario del tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJ) quien una vez más se ve envuelto en un escándalo, en este tiempo el magistrado a tramitado dos amparos indirectos ente el Juzgado Séptimo de distrito en Cancún, en la mesa III, el pasado 8 de noviembre, con el número de expediente asignado 1895/2017, por “actos fuera de juicio”.

Los amparos fueron admitidos el pasado 13 de noviembre por el Juzgado Séptimo de Distrito, aunque se menciona que no es el único.

Lima Carvajal obtuvo su cargo como parte del llamado paquete de impunidad de Roberto Borge, y fue pieza clave en los despojos de terrenos y departamentos orquestados mediante un entramado en el que participaron funcionarios de diversas dependencias, y en el que el papel del hoy magistrado Carlos Lima fue esencial desde su cargo como Director General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y desde donde también controló la inscripción de los terrenos propiedad del estado de los que Roberto Borge, su familia y sus amigos se apropiaron.

Si la percepción de que “el que la hace la paga” no es más que una frase vacía del gobernador Carlos Joaquín González, quien a través de su Fiscalía Anticorrupción no ha visto sino procesos penales venirse abajo, la presencia de Carlos Lima Carvajal en diversos actos, incluso tras bambalinas del Poder Judicial y en otras ámbitos, como ahora en temas electorales es un mensaje claro de que los corruptos siguen teniendo un lugar importante en la actual administración y de que las complicidades entre el pasado y el presente están más vigentes que nunca.

Como se recordará, Carlos Lima Carvajal fue electo magistrado del Poder Judicial de Quintana Roo el 25 de junio de 2016, a propuesta directa del gobernador preso Roberto Borge Angulo, cuando la XIV Legislatura sesionó a escondidas en el lujoso hotel Royalton, de Puerto Morelos, tras las protestas ciudadanas que concluyeron con la toma del Congreso en contra del llamado “paquete de impunidad”.

La protección que Roberto Borge brindó a Lima Carvajal como pago a su participación en los despojos de propiedades de altísima plusvalía en Tulum y Cancún, principalmente, y develados a través de una destacada y laureada investigación periodística titulada “Los piratas de Borge”, quedó no solo firme con la resolución en enero de este año del Segundo Tribunal Colegiado que le dio la razón a Carlos Lima Carvajal en su defensa contra su destitución por no haber presentado a tiempo su declaración patrimonial, sino que ahora también está firme su posición como uno de los personajes cercanos al magistrado presidente, José Antonio León Ruiz.