- El exgobernador de Chihuahua Javier Corral, la prensa local y hasta los reclusos del Cereso número 1 de esa entidad advierten que César Duarte lleva una vida de privilegios, pese a estar encarcelado bajo los cargos de peculado y corrupción.
- Al exgobernador priista de Chihuahua se le acusa de malversar más de 6 mil millones de pesos del erario, además de enriquecimiento ilícito y corrupción.
- Hasta ahora su caso no ha sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).
- El exgobernador de Chihuahua Javier Corral, la prensa local y hasta los reclusos del Cereso número 1 de esa entidad advierten que César Duarte lleva una vida de privilegios, pese a estar encarcelado bajo los cargos de peculado y corrupción.
- Dicen que sale a atenderse en hospitales de lujo, le llevan alimentos de restaurantes caros y recibe a sus allegados. Para Corral y otras fuentes, esto hace creíble la versión de que la gobernadora Maru Campos pretende que Duarte cumpla una pena menor en el estado.
Redacción/PDC
WASHINGTON, jueves 29 de septiembre, 2022.- César Duarte Jáquez, el exgobernador priista de Chihuahua acusado de peculado y corrupción, es un enfermo consentido por la panista Maru Campos, actual mandataria de la entidad, denuncian personas allegadas al caso.
El exmandatario priista, señalado de sur protegido por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, mantiene sus “tentáculos de poder” en varios ámbitos de la vida de Chihuahua, como el Poder Judicial y fuentes señalan que la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Victoria Hernández Acosta, es comadre de Duarte Jáquez.
También señalan que la actual mandataria, la panista Maru Campos, fue beneficiaria de la nómina secreta del entonces gobernador emanado del PRI.
En febrero del 2021, la entonces candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo, por su presunto involucramiento en la llamada “nómina secreta” del exgobernador César Duarte por más de 9 millones de pesos.
Tras una audiencia que duró 42 horas, el juez de control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, también determinó la vinculación de María Ávila (PVEM) y Rodrigo de la Rosa (PRI) por el mismo delito y por montos de 3.8 y 2.5 millones de pesos respectivamente.
Mendoza consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) no fueron refutadas por la defensa, por lo que éstas cuentan con valor probatorio para determinar la comisión del delito.
El juez admitió como evidencia los 34 recibos firmados por Campos Galván que dan cuenta de la entrega del dinero cando ésta fungía como subcoordinadora de la fracción panista en el Congreso del Estado. Los recibos cuentan con fe pública del notario número 4 de Chihuahua, Luis Raúl Flores.
Se indica que para que haya verdadera justicia en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador, debería desistirse de la controversia constitucional que protege a los involucrados en la llamada “Operación Zafiro”.
El caso debe ser acogido por la Fiscalía General de la República (FGR) debido al conflicto de intereses jurídicos entre la magistrada Myriam Hernández y el exmandatario, advierten en la entidad norteña.
El argumento de funcionarios, exfuncionarios estatales y federales que conocen la carpeta y argumento jurídico de la acusación de peculado, malversación de fondos y corrupción en contra de Duarte, lo alertan porque la magistrada argumentó en Estados Unidos para que no se diera la extradición del exgobernador, quien coincidentemente la hizo juez.
El 8 de noviembre pasado la juez Lauren Louis, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, autorizó la extradición a México de Duarte; acusado de dispersar unos 6 mil millones de pesos en su estado.
Ante esa misma Corte en donde desde el 8 de julio de 2020 se procesó el caso de extradición de Duarte debido a que fue detenido en Miami por pedido del gobierno de México, los conocedores del caso sostienen que la magistrada Hernández defendió al exmandatario priista.
En diciembre de 2020 el equipo defensor de Duarte, integrado por Henry Bell, Armando Rosquete y Juan Morillo, presentó a la corte los testimonios jurados de cuatro testigos en los que sostenían que la acusación contra el exgobernador y el pedido de extradición no tenían fundamento.
Los tres abogados pidieron a la juez que se sellaran y no se dieran a conocer los testimonios ni nombres de tres de los cuatros testigos, debido que “eran bien sabido que el gobierno de (el entonces gobernador panista) Javier Corral, perseguiría a quienes defendieran a Duarte”.
Expuesto por los expedientes que son públicos del caso Duarte, al que se le asignó el número 20-2289-CR-LFL, el argumento de los abogados para resguardar por seguridad lo declarado y la identidad de los tres testigos es innegablemente un caso precautorio.
El 30 de diciembre de 2020 la juez Louis accedió a que se resguardará “por un año” el contenido e identidad de los tres testigos secretos que opinaron contra la extradición solicitada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del estado de Chihuahua.
“Tenemos conocimiento –comienza exponiendo a Proceso un alto funcionario de la FGR que, por tratarse de un caso abierto, pide el anonimato– que uno de esos testigos es Myriam Hernández y otra es la juez Otilia Flores Anguiano”.
PRIVILEGIOS EN CHIHUAHUA
Preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 del estado de Chihuahua, Duarte Jáquez entra y sale de su celda constantemente con motivo de sus enfermedades para ser atendido en hospitales de lujo, privilegio del que no gozan sus compañeros de cárcel.
“El 26 junio (pasado) salió de prisión para operarse una hernia y fue intervenido en el hospital Ángeles en Chihuahua capital, pero la verdad es que estando internado se puso a recibir a políticos y expolíticos del estado que trabajaron con él”, expone uno de los quejosos.
En varias llamadas telefónicas los denunciantes que buscaron a Proceso detallaron el tipo de visitas que recibió el presunto delincuente de cuello blanco.
Mediante llamadas telefónicas Proceso pudo corroborar denuncias sobre Duarte. Una de las personas consultadas fue Javier Corral Jurado, antecesor de Campos en la gubernatura.
“Está en boca de todos acá en Chihuahua –dice Corral–, pero no pasa nada, Duarte Jáquez está contento de que lo tengan preso en el estado porque, como es amigo de la gobernadora, tiene capacidad de manejo de muchas cosas, lo que no ocurriría si fuera un preso por cargos federales.”
En recuperación… de poder
La intervención quirúrgica de la hernia fue el primer privilegio médico de Duarte Jáquez. El miércoles 14 de septiembre volvió a salir del Cereso número 1 para ser internado en otro nosocomio, más caro que el Ángeles.
“Ahora lo operaron de los discos de la espalda baja en el Star Médica de Chihuahua capital. Ahí va a estar internado por lo menos hasta el sábado 24 de septiembre. Lo comento porque lo están presumiendo sus familiares que lo están visitando”, enfatizó otro de los quejosos.
Consultado sobre esta segunda salida de prisión e ingreso al hospital de lujo, Corral lo confirma. Y agrega: “Sorprende que el gobierno federal lo permita, porque deben estar enterados, incluso entre los reclusos del Cereso donde está Duarte Jáquez hay inconformidad por ese trato”.
Al exgobernador priista de Chihuahua se le acusa de malversar más de 6 mil millones de pesos del erario, además de enriquecimiento ilícito y corrupción. No obstante, hasta ahora su caso no está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Duarte fue vinculado a proceso por el juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, Chihuahua, Humberto Chávez Allende, luego de que la Fiscalía estatal señaló al exgobernador de coludirse con diversos funcionarios y personas ajenas a la administración pública para desviar 96 millones 685 mil 253 pesos, entre 2011 y 2014.
El ex gobernador priista llegó a México el pasado 2 de junio extraditado por el gobierno de Estados Unidos, luego de cinco años de que abandonó México, tres de los cuales permaneció prófugo y dos detenido en proceso de extradición en Miami, Florida.
La fiscalía local ha obtenido por lo menos 20 órdenes de aprehensión en su contra por peculado por mil 200 millones de pesos y enriquecimiento ilícito.
Para que la fiscalía pueda ejecutar esas órdenes tendrá que cumplir con las normas del tratado de extradición con Estados Unidos, es decir, avisar al gobierno de dicho país para que sea el juez que autorizó la extradición de Duarte quien resuelva si México puede o no juzgarlo por los otros delitos que se le intentan fincar.
Con información de Proceso.
