SIMULACIÓN E INDOLENCIA: Denuncian Amnistía Internacional y Comité de Víctimas del 9N al Gobierno de QR

  • El 9 de noviembre de 2020, la protesta para exigir justicia por el feminicidio de Alexis fue reprimida a balazos por elementos de la policía.

Redacción/PDC

CANCÚN, jueves 14 de julio, 2022.- Representantes del Comité de Víctimas del 9N, de Amnistía Internacional y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), calificaron de simulación e indolencia la respuesta por parte del gobierno del estado de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín.

Esto luego de que el pasado lunes la administración estatal se retractara y rompiera el compromiso de firmar el acuerdo de reparación del daño para mantener las acciones, independientemente del cambio de gobierno.

“Lo que sigue en cuanto a los procesos jurídicos propiamente, hablando de la reparación del daño, en realidad es que los Tribunales colegiados resuelvan sobre los recursos de revisión que tenemos contra algunas de las instancias”, explicó Lucía Chávez, coordinadora de Investigación en la Comisión.

Los procesos penales, agregó, también tienen que seguir en contra de quienes violaron derechos humanos directamente, pero también de quienes ordenaron, permitieron estos hechos.

“Hacemos pública nuestra preocupación por este cambio abrupto en el proceso de negociación… y debo decir de manera clara, una falta de respeto al trabajo de las organizaciones, pero sobre todo de las víctimas que han puesto su confianza en las autoridades”, lamentó Edith Olivares Ferreto, representante de Amnistía Internacional.

Al respecto, Wendy Galarza, víctima del 9N, acusó que con estos hechos queda claro que hay simulación y que desafortunadamente las autoridades actuales dejan ver que no les importa si cumplen o no y que dieron carpetazo al tema porque ya se van.

El gobierno de Quintana Roo no firmó el acuerdo de reparación integral del daño para las víctimas de las protestas feministas en Cancún en 2020, denunció el Comité de Víctimas 9N.

El 9 de noviembre de 2020, colectivos feministas y mujeres protestaron para exigir justicia el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado “Alexis”, desaparecida y encontrada sin vida con signos de violencia.

En la explanada de la Plaza de la Reforma, del Palacio de Gobierno de Benito Juárez, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito reprimieron a balazos la protesta.

Las asistentes denunciaron que agentes municipales perpetraron violaciones graves a derechos humanos como detención arbitraria, tortura, violencia sexual, así como tentativas de ejecución extrajudicial y fabricación de culpables, en agravio de mujeres, trabajadores de medios de comunicación y ciudadanos de diversas edades.

Varios representantes de medios de comunicación, varias decenas de ciudadanas y ciudadanos, colectivos, profesores y estudiantes fueron reprimidos a golpes e incluso, varias mujeres, algunas menores de edad, fueron amenazadas y manoseadas por algunos policías.

Al menos tres comunicadores recibieron  heridas de bala, además de golpes con toletes y otros objetos por parte de los agentes policiacos.

Horas más tarde, a través de Twitter, la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, reprobó la agresión e informó que se presentaría una denuncia en contra de los elementos.

El 30 de noviembre de 2020, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo emitió una Recomendación donde solicitó que se emitiera una disculpa pública y se reconociera la responsabilidad de los policías. Más tarde esta se dio por cumplida.

Este jueves, el Comité de Víctimas 9N, formado tras los hechos, denunció que el Subsecretario de Derechos Humanos, Elías Antonio Prado Laguardia, detalló que no se firmaría el acuerdo bajo el argumento de que ya se había efectuado una reparación del daño.

No obstante, el comité junto con Amnistía Internacional y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), sostuvieron que la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos Estatal dio por cumplida no cumple con los estándares de reparación, que implican restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Igualmente, argumentaron que no se incluyó a las víctimas en los procesos o en la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.

Ante esto, Wendy Galarza, activista feminista integrante del Comité y una de las víctimas, acusó al gobierno de llevar a cabo simulaciones y sostuvo que se trata de un crimen de estado porque no se han llevado a cabo los procesos correctamente.

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Reiteró durante conferencia de prensa que solo piden una reparación por el daño y que se les “restaure esa dignidad que según ellos querían quitar ese 9 de noviembre por salir a exigir justicia por los feminicidios”.

A ella se sumó Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, que calificó los hechos como una de las represiones más violentas que tienen documentadas.

Recalcó que el caso de Wendy Galarza fue incluido en la campaña global desu organización porque consideran que es uno de los más graves.

A su vez, Lucía Guadalupe Chávez Vargas, Directora Ejecutiva, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), subrayó que es obligación del estado dar una reparación integral a las víctimas.

“Es síntoma de un estado que viola reiteradamente los DDHH de las mujeres y deben dar pasos hacia delante para que esto no vuelva a suceder”, sostuvo.

Ante esto, el Comité y las organizaciones hicieron un llamado al gobierno de estatal para que cumplan con sus obligaciones y con los acuerdos de las mesas de trabajo, con el fin de garantizar la reparación del daño.

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