El aun diputado panista utilizo a la XV Legislatura funcionó como agencia de trabajo del sobrino del ex gobernador priista Jesús Martínez Ross
También detectaron múltiples irregularidades y desfalcos millonarios por supuestas “ayudas sociales”
CHETUMAL, QUINTANA ROO, 4 de noviembre de 2019.- Después que se anunciara en la XVI Legislatura que existe una lista de compensaciones que está duplicada y que asciende a 5 millones de pesos, ahora se conoce que dichas compensaciones se otorgaron mayoritariamente a militantes del Partido Acción Nacional (PAN), que fueron ingresados a la nómina por orden del presidente de la Gran Comisión (2016-2019), Eduardo Martínez Arcila.
Las plazas fueron incorporadas desde 2016, pero también fue registrado un repunte en 2019, cuando llegaba a su fin su administración al frente del Legislativo, con lo que se “infló la nómina, pero esa gente no se presentó a trabajar, solo llegaban a cobrar o quizá ese recurso se iba directo a las oficinas del PAN”, reveló la fuente.
Por ejemplo, Armando Duarte Peraza quien dice ser militante del PAN en Othón P. Blanco, en su red social de Facebook manifiesta de manera pública que estudió en el Tecnológico de Mérida, que es originario de Chetumal, pero actualmente radica en Guadalajara, Jalisco.
Al respecto, el Observatorio Legislativo, que preside Eduardo Galaviz Ibarra comentó que “en los medios se está dando la información de que se han encontrado dentro de la nómina del congreso a personas que han sido favorecidas con sobresueldos o incluso registrados sin tener una función específica, todos ellos se dicen son personas militantes o allegadas a algún grupo de un partido político. Estos datos nos permiten confirmar lo que hemos señalado sobre el manejo administrativo y financiero de la XV Legislatura, esperamos que se dé a conocer próximamente la información completa sobre estas auditorías iniciales”.
Al llegar la XVI Legislatura, se inició con la auditoría al capítulo 1000, que tiene que ver con sueldos y salarios; donde se pudo observar que hay trabajadores de contrato, sin embargo, al menos un 50 por ciento están en espera de ser sindicalizados. Aquí, Eduardo Martínez Arcila como presidente de la Gran Comisión, al igual que Mercedes Guadalupe Rodríguez Ocejo, la secretaria general del sindicato, curiosamente militante del PAN, ordenaron afiliarlos.
El Observatorio Legislativo recomienda que también se amplíen la auditoría a los manejos de convenios y contratos registrados en ese periodo sobre compras y servicios, ya que igualmente señalamos en su oportunidad que por ejemplo en la remodelación del salón de sesiones del congreso, se dieron actos que posiblemente estén con un desvío de recursos públicos y que también fueron asignados a personas allegadas a esos grupos que ahora se están señalando.
“Otro rubro que esperamos se inicie su indagatoria es de las llamadas ayudas sociales, en especial a lo observado de que personal sindicalizado está registrado como beneficiario recurrente de las mismas”. (Con información de Agencia SIM).
