La empresa tramitó un recurso de queja que aún no ha sido resuelto
Redacción/PDC
PLAYA DEL CARMEN, lunes 20 de junio0, 2022.- El Juez Noveno de Distrito del estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, rechazó levantar la clausura que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decretó a la empresa Sactun (antes Calica), filial de la estadunidense Vulcan Materials Company, asentada en la Riviera Maya.
Tras la clausura efectuada en mayo pasado la empresa interpuso un amparo indirecto que quedó asentado en el expediente 533/2022, donde pedía la suspensión provisional de la medida de Profepa para seguir extrayendo material pétreo y exportándolo a Estados Unidos.
El amparo indirecto promovido es contra el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, como autoridad responsable por los agravios cometidos, supuestamente, contra la empresa al impedir su operación.
Tras la decisión del juez, dada a conocer el pasado 18 de junio, Sactun tramitó un recurso de queja que aún no ha sido resuelto. Está prevista una audiencia para el próximo 11 de julio, donde el juez deberá dictaminar sobre el amparo interpuesto.
López Obrador informó la semana pasada que el gobierno de México ya prepara la documentación para denunciar a la empresa ante Naciones Unidas, al considerar que lo que han hecho en la Riviera Maya es una “catástrofe ecológica”.
Destacó también que a pesar de todo su gobierno sigue abierto al diálogo con Sactun, a quien ha propuesto cambiar de giro comercial hacia el turístico o que venda a la federación sus terrenos, que superan las dos mil hectáreas. Hasta ahora la filial de Vulcan Materials Company no ha dado una respuesta al gobierno federal.
De acuerdo con los estrados judiciales, el juez celebrará audiencia incidental el próximo 23 de junio, diligencia en la que, dependiendo de lo que informen las autoridades señaladas como responsables, podrá mantener la negativa de la suspensión o concederla de manera definitiva.
La suspensión es una medida preventiva establecida en la Ley de Amparo para mantener “vivo” el conflicto planteado al juez mediante el juicio de amparo mientras este dicta su sentencia definitiva en la que resuelva si concede o no la protección constitucional.
En este caso, se prevé que el juez Noveno de Distrito dicte su sentencia de amparo después del 11 de julio, fecha señalada para la audiencia constitucional.
El tema es uno de los más relevantes en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador que menciona en sus conferencias matutinas al menos una vez a la semana.
Incluso el ejecutivo federal anunció en su última intervención sobre el tema que va a presentar una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El pasado 22 de abril, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, dio a conocer que Vulcan Materials Company, corporativo estadounidense dueño de Calica, aceptó que el área de explotación minera de Calica se convirtiera en un parque natural, a cambio que la terminal de Punta Venado sea ampliada como un puerto para cruceros, entre otras condicionantes.
No obstante, días después, el presidente de México informó que la empresa había incumplido el acuerdo de cese de explotación de material pétreo, por lo que días después Profepa clausuró el predio La Rosita.
