ALFREDO CASTILLO: El gobierno de AMLO inhabilita por 10 años a ex colaborador de Peña Nieto

  • El político mexiquense es amigo y muy cercano a Peña Nieto desde que éste fue gobernador del Estado de México, también fue comisionado para la Seguridad de Michoacán, titular de Profeco, omitió declarar, de 2014 a 2016 seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que tenían más de 18 millones 300 mil pesos, informó la Secretaría de la Función Pública

Redacción/PDC

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Castillo fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), pero antes de eso fungió como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán, con la misión específica de desbaratar al movimiento de autodefensas que se gestaba en la tierra caliente de aquella entidad federativa.

También fue titular de la Profeco y procurador de Justicia del estado de México, éste último cargo, cuando Peña fue gobernador mexiquense.

Este martes, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Irma Eréndira Sandoval anunció la inhabilitación del ex funcionario durante diez años, debido a que le fueron detectadas irregularidades en su patrimonio.

“Continuamos dando resultados en el combate a la impunidad. Desde Función Pública hoy hemos inhabilitado por 10 años a quien fuera comisionado para la Seguridad en Michoacán y también ex titular de la #CONADE en la pasada administración”, dijo la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval en su cuenta de Twitter.

En un comunicado, la dependencia informó que tras un procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el periodo de diez años ya mencionado.

Se detectaron omisiones en las declaraciones que el ex funcionario presentó ante la SFP, pues faltó a la verdad respecto a su situación patrimonial de 2014 a 2016.El ex funcionario omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.

“Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”.

El comunicado agrega que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”

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