LA CONCESIÓN DE LA BASURA EN CANCÚN, ´UN TRAJE A LA MEDIDA´ DE LA EMPRESA DEL EX ALCALDE CARLOS CANABAL

Fue el socio de los ex gobernadores Roberto Borge y Félix González, y propietario del diario  Verdad de Quintana Roo, quien elaboró el contrato de concesión otorgado en 2018 por la administración municipal encabezada por el verde ecologista, Remberto Estrada Barba

Al “empresario” tabasqueño se le investiga por la venta ilegal de terrenos en la zona hotelera, propiedad del municipio durante los cinco meses que suplió en el cargo a Juan Ignacio García Zalvidea (2002-2005)

También es investigado por su implicación en la llamada “Estafa Maestra”, entre otros crímenes presuntamente cometidos durante varios trienios al amparo de sobornos a funcionarios de los 3 noveles de gobierno

En reportaje del portal Noticaribe, se exhibe el título de concesión en donde el ayuntamiento de Benito Juárez, no sólo pasa por alto o minimiza el incumplimiento y las faltas de la empresa “Intelligencia México SA de CV”, además responsabiliza a gobiernos municipales anteriores para justificar que no apliquen  la ley y hagan respetar a la concesionaria, que, a partir de este año, incorporó el cobro directo y la renta de ‘contenedores inteligentes’.

CANCÚN, Q. ROO, 3 de febrero, 2020.- “Intelligencia México SA de CV”, no sólo incumple las cláusulas del título-contrato de concesión del servicio de recoja de basura con el Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) para la prestación del servicio, sino que presenta inconsistencias de origen: no sólo no respetó las bases de licitación, sino que además impuso sus propias condiciones a la medida de sus necesidades y planes de expansión.

No obstante, el gobierno de Benito Juárez, no únicamente pasa por alto o minimiza el incumplimiento y las faltas de esta empresa, sino que además responsabiliza a sus antecesores para justificar que no meta al orden a la concesión, que, a partir de este año, es decir en la plenitud de la comuna de mayoría “morenista”, incorporó el cobro directo y la renta de ‘contenedores inteligentes’.

Intelligencia México SA de CV, relacionada con el ex alcalde sustituto, Carlos Canabal Ruiz, no sólo no respetó las bases de licitación dentro del título-contrato de concesión que firmó con el Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) para la prestación del servicio de limpia, sino que impuso sus condiciones para operar, e incluyó cláusulas ilegales que violan la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Es decir, la concesión otorgada en 2018 a Intelligencia México SA de CV sería ilegal con base en el proceso de licitación de 2008, que contiene las reglas originales y vigentes para prestar ese servicio en Cancún.

Además, obtuvo directamente el contrato de concesión, sin haber participado en la licitación de 2018 y sin que el Ayuntamiento haya desarrollado un estudio sobre la capacidad técnica y económica de Intelligencia México SA de CV; sumado a que incumple las condiciones del propio escrito en relación a la labor que desarrolla.

Asimismo, las bases de licitación, publicadas el 26 de agosto de 2008, precisan claramente que la concesión es única y exclusivamente para la recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, es decir, de la basura diaria generada por domicilios y negocios menor a 10 toneladas por año.

Esto, no es respetado por Intelligencia México, ya que creó la filial Eco’ox, que cobra por recoger los residuos especiales (orgánicos, inorgánicos y PET), regulados por el Gobierno del Estado, y los residuos peligrosos (Corrosivo, Reactivo, Inflamable y Tóxico), que están dentro de la facultad de la Federación.

En 2018 inició el contrato por 20 añosEl 1 de enero de 2018, durante la administración del munícipe emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Remberto Estrada Barba, comenzó la vigencia por 20 años del contrato de concesión de Intelligencia México SA de CV, que concluirá en 2038.

Empero, el permiso de Intelligencia México fue producto de la decisión para continuar con el procedimiento de licitación de lo que fue el concurso para la concesión integral de los residuos sólidos, que llevó a cabo el ex alcalde, Gregorio Sánchez Martínez (2008-2010).

Intelligencia se adjudicó la concesión de manera directa

El 17 de septiembre de 2008, el Comité Técnico Dictaminador de la Licitación Pública Nacional (LPN) número MBJ-DGSPM-001/2008, declaró ganador a Recolección y Disposición de Desechos SA de CV.

Sin embargo, el 12 de abril de 2013 el Cabildo de Benito Juárez, encabezado por el perredista Julián Ricalde Magaña, canceló dicha licitación, lo que conllevó a un juicio de nulidad por parte de la empresa Proactiva Medio Ambiente Setasa SA de CV, ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (Tsjqroo), esto ante la creación de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol).

No obstante, el 23 de febrero de 2017, el Segundo Tribunal Colegiado de Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo, anuló dicha cancelación del Cabildo a través de la sentencia definitiva del juicio de amparo 476/2017, por lo que se retomó el procedimiento de licitación pública original, incluidas las bases.

El argumento fue que la creación de Siresol no era motivo suficiente para extinguir la necesidad de concesionar el servicio de limpia y disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Esto, no fue impedimento para que Intelligencia México entrara al quite pese a no haber participado en la LPN MBJ-DGSPM-001-2008.

Según expertos consultados sobre el tema, ‘llama la atención’ que la comuna haya otorgado de manera directa la concesión a la compañía vinculada con el ex presidente municipal sustituto, Carlos Canabal Ruiz, si ésta no fue licitante en su momento, ni fue objeto de un análisis de capacidad técnica y económica.

Sumado a ello, no existió una cesión de los derechos por parte de Setasa a Intelligencia México aprobada por el Ayuntamiento, pues las bases de la licitación establecían la posibilidad de que el concesionario cediera los derechos con el aval de la comuna, pero no podía ceder su posición dentro del procedimiento de licitación.

Y mucho menos sin que el Comité Dictaminador de la LPN, creado ex profeso para conocer de esa concesión, evaluara la capacidad técnica y económica de una compañía creada deliberadamente que no contaba ni con el capital contable requerido ni con la experiencia de cuando menos tres contratos anteriores que imponían las propias bases de licitación.

Intelligencia asumió atribuciones exclusivas del municipio

En el contrato de concesión que entró en vigor el 1 de enero de 2018, Intelligencia México SA de CV impuso sus condiciones y asumió atribuciones que competen exclusivamente al municipio, pues aunque el servicio sea concesionado, dicha empresa no es autoridad.

El Ayuntamiento de Benito Juárez otorgó a Intelligencia México SA de CV la recolección y transporte del 100 por ciento de los residuos sólidos generados en el municipio de Benito Juárez, sin distinguir entre residuos sólidos urbanos, de competencia municipal, y residuos sólidos de manejo especial, de competencia estatal.

Además, incluye cobro del servicio, donde la concesionaria recibe los recursos económicos generados por la prestación del mismo, pero en vez de generarle un marco normativo adecuado, simplemente transfiere el dinero que la Ley de Hacienda Municipal faculta al municipio a cobrar.

El documento faculta a Intelligencia México a emitir comprobantes a nombre del Ayuntamiento, con logotipos y datos fiscales de la comuna, en lugar de expedirlos a título de la concesionaria.

También, le da la capacidad de requerir el pago a los sujetos obligados y, por lo tanto, facultades de inspección y herramientas coercitivas para llevar a cabo el cobro.

Intelligencia México, creación de un monopolio

Según el contrato de concesión, Intelligencia México SA de CV es la única autorizada para realizar la recolección de los residuos sólidos, incluso aquellos que son de manejo especial, para los cuales, los generadores deberán establecer convenios con la empresa y ésta determinará cuánto les cobrará.

La recoja se realiza desde las rutas predefinidas, que son establecidas por Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol).

Empero, la comuna dio capacidad a la concesionaria de establecer rutas especiales, cuando para modificarlas, se debe hacer de común acuerdo entre Siresol y la compañía. Fuente: Noticaribe.

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