Aguakán se esconde y el Gobierno de Carlos Joaquín simula que actúa para cobrarle deudas de más de 810 MDP

Desde que fueron intervenidas las oficinas de la empresa, ningún directivo se ha presentado ante la autoridad
Este lunes deberían presentarse integrantes de la empresa que tengan capacidad de decisión sobre las finanzas
Aguakán debe pagarle más 810 millones de pesos al estado por diversos adeudos
Pero los desvíos detectados son mayores
Esta es una de las “nefastas” herencias que dejo el ex gobernador priista Mario Villanueva, cuando concesionó dicho servicio mediante decreto el 20 de octubre de 1993 contando con la aprobación de los diputados locales
Cancún, Q. Roo 23 de septiembre de 2018.-. Desde octubre de 2016, cuando Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV (Aguakán) dejó de pagar la contraprestación que le corresponde como concesionaria del servicio de agua potable en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, el gobierno de Quintana Roo ha realizado diversas acciones para evitar que el incumplimiento de la empresa afecte a los casi 900 mil habitantes de esos tres municipios.
De acuerdo a información del portal La Opinión, frente a las acciones legales emprendidas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para verificar el cumplimiento económico y operativo de Aguakán una vez que el actual gobierno estatal entró en funciones en septiembre de 2016, la concesionaria anticipó su defensa en los juzgados para evitar la cancelación del título de concesión, que le fue prorrogado anticipadamente a su vencimiento en el último año del quinquenio de Roberto Borge.
Sin embargo, el gobierno continuó con su proyecto de verificar cuáles han sido las condiciones del contrato y su cumplimiento, y de allí se derivó la reciente intervención a las oficinas de la empresa tanto en Cancún como en Playa del Carmen.
La intervención surge de un adeudo que el estado debe cobrarle a Aguakan, por un monto aproximado de 810.2 millones de pesos. Pero la investigación incluye desvíos por al menos 400 millones de pesos más, tan sólo en 2016.
Lo más extraño del caso, sin embargo, es que desde que el tema estalló, ningún cargo alto de Aguakan se ha presentado a dirimir el caso.
El 14 de agosto, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) le comunicó a Aguakan de las inconsistencias que arrojaron las auditorías financieras que se le hicieron. La empresa no respondió.
El 4 de septiembre se le informó que, en base a esas auditorías, había una deuda por cobrar de 810 millones 197 mil 537 pesos con 76 centavos.
De ahí adelante, se detectó que no existía dinero suficiente en las cuentas de la empresa para cubrir el adeudo, y se intervinieron la caja y las oficinas.
En todo ese proceso, sólo se pudo hablar con un representante legal de Aguakan, que recibió la documentación, pero ningún directivo con capacidad de resolver la cuestión financiera.
Este lunes se citó a que personal con capacidad de decisión sobre el flujo de dinero de la empresa se presente ante al autoridad.

LA HISTORIA NEGRA DE AGUAKAN EN EL BORGISMO
Esta es una de las “nefastas” herencias que dejo el ex gobernador priista Mario Villanueva, cuando concesionó dicho servicio mediante decreto el 20 de octubre de 1993 contando con la aprobación de los diputados locales.
El 12 de diciembre de 2014 la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó el dictamen de Decreto por el que se prorrogó anticipadamente a su vencimiento la concesión del servicio a Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV hasta el 31 de diciembre de 2053 y además, se decidió incorporar en dicho título al municipio de Solidaridad.
En esa misma sesión los diputados locales aprobaron el decreto 251 mediante el cual le autorizaron a CAPA contratar un crédito bancario por hasta 980 millones de pesos. El préstamo contratado fue de 560 millones y sería para inversión en infraestructura aunque su destino real se desconoce hasta el momento.
El 5 de diciembre de 2014 el exgobernador y representantes de CAPA y Desarrollos Hidráulicos de Cancún firmaron un contrato en el que quedó asentado que la concesionaria pagaría al gobierno de Quintana Roo una cantidad extraordinaria de mil 55 millones 999 mil 962 pesos como contraprestación única al concluir con el trámite de la privatización del agua, pactado “a más tardar” para el 18 de diciembre de ese mismo año.
Ese plazo se cumplió antes, el 15 de diciembre, cuando en el número 114 Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se publicó el Decreto número 250 por el que se aprobó prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV.
Ambos montos, por el préstamo y el pago extraordinario, duraron sólo unos minutos en las cuentas bancarias de CAPA antes de que fueran transferidos a una cuenta de la Secretaría de Finanzas que dirigía entonces Juan Pablo Guillermo Molina, y de ahí desaparecieron.

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